Una parrilla de carne de gato se ha convertido en una costumbre para los privados de libertad en la cárcel de Yare III en el estado Miranda, explica Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad.
Raylí Luján / La Patilla
El especialista en derechos humanos realizó recientemente una denuncia al respecto. No es la primera vez. Hace dos años también se alertó sobre lo qué estaba ocurriendo en los centros penitenciarios del país ante la escasez de alimentos.
En aquella oportunidad, una comisión de Misión Nevado integrada por un médico veterinario, entró a las instalaciones del penal con el aval de la directiva del momento y uno de los presos líderes. Luego de esa primera visita, se desentendieron y alegaron que era imposible extraer a los animales.
Una de las rescatistas en la entidad, que prefirió no ser identificada, insistió por su cuenta y junto a otro proteccionista logró la vacunación y esterilización de varios de los animales, entre ellos perros y gatos. Se le permitió que trasladara a algunos fuera del recinto carcelario hasta que fueron removidas las autoridades.
“Hicimos un censo de 200 animales entre felinos, caninos, patos, cochinos, pollos, de los cuales pudimos salvar a 29 caninos que nos dejaron sacar con la ayuda de un autobús que cedió el mismo penal, los otros desaparecieron. En Yare I y II no hay casi animales y los que hay están esterilizados”, dice al ser consultada sobre la jornada.
Apunta que el director actual del penal está al tanto de lo que continúa ocurriendo en las instalaciones pero niega que se deba a fallas en la distribución de alimentos. “Él dice que los presos tienen su comedor y sus tres comidas diarias y que el comer gatos o perros lo hacen por hacerlo, por tener ansias de matar algo y ya”, agrega.
Para Nieto Palma, aunque la situación se ha tornado “normal” para los privados de libertad y sus familiares, finalmente obedece a una crisis general que ha ido en aumento en los últimos cuatro años. “Ya para ellos no es que haya ocurrido algo estrambótico. Pasa con las palomas, los gatos, perros u otros animales que se les atraviesen en el camino. Han recurrido a mecanismos como este. El comerse un gato, perro, paloma no es para ellos nada extraño”, sostiene.
Y aunque son ellos quienes impulsan las denuncias, en muchas ocasiones prefieren dejarlo pasar por las represalias que se toman desde el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. “El año pasado los castigaron y los enviaron a El Dorado. Las autoridades se hacen los locos por lo general. Su mejor alternativa es esa, agrega el coordinador de Una Ventana a la Libertad.
Asegura que esto no solo se vive en Yare III. El último informe de la ONG que dirige, en el que se evaluó la situación de los privados de libertad en los centros de detención preventiva del país, ofrece detalle de ello.
El hacinamiento es una de las principales fallas que al final desemboca también en la falta de alimentos. Entre enero y junio de 2019, en 203 centros de detención de los 15 estados monitoreados, cuya capacidad es de 3.734 personas de ambos sexos por solo 48 horas, se encontraban detenidos 19.028.
Se pudo determinar que en solo uno de esos 203 centros monitoreados, los detenidos reciben una dieta esporádicamente. “Ninguno da alimentación diaria o tres veces al día”, se informa en el documento.
“La situación de hambre en las cárceles es general y en los centros de detención preventiva es hasta más grave. Una taza de arroz medio crudo, el agua con el que hacen los espaguetis, no les dan caraotas, sino el agua donde las cocinaron. El problema de alimentación en las cárceles es grave. Hay reclusos muertos por desnutrición. Y en los calabozos ni siquiera les dan comida. No tienen comedor. Si el familiar no les lleva comida todos los días, no comen”, apunta Nieto.
Desde Una Ventana a la Libertad se ha intentado proveer de alimentos a los encarcelados, sin embargo los pocos recursos con los que cuentan les impide obtener un mayor alcance. Entre octubre y noviembre del año pasado, formalizaron la denuncia en una audiencia frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Quito. También presentaron un informe ante la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y esperan seguir alzando la voz ante otros organismos internacionales.
Su próximo informe será publicado en febrero y tiene como materia principal la necesidad de dar atención médica a la población carcelaria, en la que actualmente una tuberculosis ya se presenta como una gripe regular.
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