La Comisión Europea se pone de perfil en la delicada cuestión del viaje de Delcy Rodríguez a España. Tras guardar silencio a lo largo del jueves, este viernes los portavoces de Ursula Von der Leyen y de servicio de Acción Exterior, dirigido por el alto representante Josep Borrell, se han lavado las manos sobre si hay una violación o no de las sanciones europeas, que desde 2018 prohíben a Rodríguez y otros 24 dirigentes bolivarianos la entrada en la UE. Y no tienen intención de investigarlo.
Por Pablo Suanzes / El Mundo
“Podemos confirmar que Delcy Rodríguez está entre los dirigentes incluidos en la lista junto a otros 24 individuos y que las sanciones contemplan la congelación de activos y los viajes a la UE. La implementación de las sanciones corresponde a los Estados miembro. Esperamos que todos los estados cumplan las sanciones”, ha explicado Virginie Battu-Henriksso.
Preguntada sobre si las sanciones permiten de alguna manera una escala en Barajas, incluso de catorce horas y media, los portavoces no han querido pronunciarse. Fuentes del equipo explicaban a lo largo de mañana que es un tema complicado que se está estudiando. Pero la parte más llamativa ha llegado justo después, cuando han explicado que no les corresponde a ellos ni a nadie en Bruselas decidir si este viaje se ajusta a la legalidad europea o no, sino a Moncloa.
“La evaluación de la violación de las sanciones es responsabilidad de las autoridades de cada Estado miembro, está claramente indicado en las provisiones legales. Corresponde al estado miembro evaluar”, ha insistido la portavoz Battu-Henriksson.
La figura es muy extraña, pues dejan en manos del posible Gobierno infractor, de manera voluntaria o no, o por lo menos de la autoridad que no habría implementado las sanciones aprobadas por el Consejo, la evaluación de si hay algo irregular. Pero la respuesta ha sido muy clara. “Las sanciones se adoptan por el Consejo por unanimidad. Cada Estado Miembro está de acuerdo. Como cualquier legislación, no hay opción, tienen que hacerlo. Pero les corresponde a las autoridades competentes evaluar. Aquí hay un caso específico. Hay muchas veces que hay alegaciones sobre si una compañía está violando sanciones, y ahí también le corresponde a las autoridades nacionales evaluar si hay violación o no”, ha insistido. “Pero no hay confusión, hay autoridades nacionales. Para cada caso que tiene lugar en su territorio”, ha zanjado Battu-Henriksso.
“Es así”, ha apuntillado Eric Mamer, el portavoz principal de Von der Leyen. Es el Ministerio de Exteriores el responsable último, incluso si hubiera potencialmente una violación por parte de un ministro del mismo Ejecutivo. Una respuesta que ha resultado chocante a muchos de los presentes en la sala de prensa, pues la Comisión es la guardiana de los Tratados, y si no tiene ningún papel en el proceso y si alguien puede romper las sanciones, no garantizar que se cumplen y decidir en última instancia si en efecto ha ocurrido algo irregular, todo el mecanismo es como un castillo de naipes.
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