La investigadora y socióloga Elvira Cuadra, crítica del Gobierno del presidente Daniel Ortega, señaló este miércoles que Nicaragua ha entrado en una nueva “fase de represión”, caracterizada por ataques a templos católicos, periodistas y medios de comunicación independientes.
Según el informe “Evolución de la violencia letal en 2020 en Nicaragua”, presentado hoy por Cuadra, esa “nueva fase de represión” también incluye asedio y ataques a líderes sociales y excarcelados políticos.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan esa cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un “intento de golpe de Estado”.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el mayor responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega.
Desde entonces, alertó Cuadra, experta en temas de seguridad, la violencia letal es persistente y muestra tendencia de crecimiento.
Explicó, sin embargo, que las muertes por motivaciones políticas “parecen disminuir”, aunque advirtió que quienes están cometiendo más asesinatos “son grupos de hombres”.
Cuadra tiene dos tesis al respecto. La primera, que la violencia política que se instaló en el país abiertamente desde abril de 2018 se está extendiendo a formas de delincuencia común; y la segunda, que los asesinatos políticos se están encubriendo como asaltos o delitos comunes.
CINCO FACTORES DE RIESGO
Asimismo, la investigadora menciona cinco factores que pueden explicar el porqué ha aumentado la violencia letal, entre ellos que la Policía, a su juicio, está más dedicada “a la represión” que a cumplir las funciones que le corresponden.
Otro es la existencia de grupos de parapolicías o paramilitares, que, según Cuadra, fueron utilizados por el Gobierno para silenciar las protestas de hace dos años y que siguen actuando con impunidad.
A ello se suma, señala el informe, la disponibilidad de armas de fuego, sobre todo la que están en manos de civiles, a raíz del estallido social de abril de 2018, y la liberación en el último año de más de 6.000 personas que estaban detenidas por delitos comunes.
y un quinto factor es “el discurso de odio y de criminilización que se promueve desde las altas esferas del Gobierno”.
“Todo eso crea un escenario complejo de violencia”, advirtió Cuadra, para quien sigue latente la violencia política mientras no se controle y desarme a los parapolicías y paramilitares, y se elimine el “estado de excepción y de facto” que se ha impuesto desde el estallido social de 2018.
Cuadra ha sostenido que Ortega pasó de un régimen autoritario que controla todos los poderes del Estado y las instituciones armadas a una dictadura represiva.
EFE
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