Dos ex presos políticos nicaragüenses se marcharon al exilio por razones de seguridad cuando faltan cinco meses para los comicios generales en los que Daniel Ortega, busca reelegirse por cinco años más, informaron este lunes ellos mismos.
Lenín Salablanca y Byron Corea Estrada, que guardaron prisión en el marco de la revuelta popular contra el régimen de Ortega que estalló en abril de 2018, informaron, por separado, que decidieron abandonar el país ante el constante acoso policial que sufrían desde que fueron excarcelados, a mediados de 2019, que emocionalmente afecta a sus familiares.
“Lo hice por mi familia. Ellos sufren con el asedio y persecución (policial) que recibo. Mis padres son unos señores que viven enfermos y eso les afecta”, explicó Salablanca a través de un video divulgado en sus redes sociales.
Salablanca, un comerciante de 39 años que se hizo popular en Nicaragua porque cada vez que era retenido por los policías por su condición de opositor lo transmitía en vivo con su teléfono móvil y los encaraba, dijo que ahora es “un exiliado más que ha decidido dejar su tierra por la represión, por los asesinatos, por los secuestros y violaciones de derechos humanos”.
INESTABILIDAD EMOCIONAL
Por su lado, Corea Estrada dijo que abandonó Nicaragua “después de resistir por largos tres años dentro del país”.
“Esta difícil situación se da por diferentes amenazas y asedios constante a la casa de mi mita (abuela), allanamientos ilegales, pérdidas económicas y, sobre todo, una inestabilidad emocional profunda hacia mi mita, madre y mis hermanos”, afirmó el joven, que estudiaba el último año de la carrera de Odontología, a través de sus redes sociales.
Además, aseguró, se exilió porque tuvo información de que se preparaba “una acusación falsa” en su contra en el actual contexto electoral.
Organismos humanitarios, como la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), han señalado al régimen de Nicaragua de acusar a los manifestantes opositores excarcelados por delitos comunes, así como mantener acoso y hostigamiento sobre ellos.
Los denominados “presos políticos” han denunciado que desde que fueron excarcelados son víctimas de acoso policial y han confirmado que en algunos casos la Policía Nacional inventa delitos “sembrado drogas y armas” para acusarlos por delitos comunes.
AI HA ADVERTIDO SITUACIÓN
En un informe titulado “En Silencio a cualquier precio: tácticas de Estado para profundizar la represión en Nicaragua”, Amnistía Internacional señala al régimen sandinista de usar diversas estrategias para silenciar críticas y demandas sociales, lo cual ha profundizado la crisis de derechos humanos que estalló hace 38 meses.
AI advirtió en ese informe, divulgado en febrero pasado, que la situación de los denominados presos políticos no mejora significativamente “incluso después de salir de prisión”.
“Los activistas liberados y sus familiares informan que el nivel de acoso que experimentan tras su regreso a casa es tal que les impide realizar sus actividades diarias, como trabajar o estudiar, y que continuar con su activismo conlleva un alto riesgo para su vida y libertad”, indicó el organismo.
Los tipos de acoso han incluido controles excesivos por parte de funcionarios de inmigración y Policía en las fronteras con países vecinos, una fuerte presencia policial en eventos religiosos, vigilancia continua de sus hogares por parte de agentes, arrestos, agresiones físicas, amenazas verbales directas de policías, sus hogares ser manchados de amenazas y agredidos, y daños a sus pertenencias y medios de vida, según AI.
Con información de EFE
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