En entregas anteriores nos hemos referidos a las nuevas realidades que confronta la democracia contemporánea en estos tiempos de globalización que demandan ajustes fundamentales para asegurar la institucionalidad democrática, la vigencia de los partidos y la conformación de un nuevo liderazgo político, capaz de operar con eficiencia y elevados valores éticos en la sociedad de la información y del conocimiento que se está configurando al ritmo de la revolución científica y tecnológica que se vislumbra como un nuevo renacimiento en la sociedad global. La democracia y la libertad deben confrontar igualmente las tendencias totalitarias y liberticidas que, enmarcadas en el llamado globalismo y progresismo y en la nueva versión del fracasado socialcomunismo, representan la mayor amenaza a la democracia liberal y al progreso de los pueblos.
En el caso de América Latina, la evolución del crítico proceso político que se ha venido desarrollando en Chile en las últimas décadas y, especialmente los resultados de la reciente consulta electoral para elegir las personas encargadas de elaborar una nueva Constitución, arrojan preocupantes señales antidemocráticas, pero igualmente permiten apreciar las inmensas posibilidades que una sociedad civil bien organizada y con elevados valores de capital social puede tener para la configuración de una genuina democracia de ciudadanos capaz de superar esas amenazas totalitarias y de responder, en libertad, a las reales demandas políticas y sociales del país.
Podemos señalar que el proceso político chileno que ha evolucionado hasta las circunstancias constituyentes que ahora sacuden a ese país, se inicia con las elecciones presidenciales de noviembre de 1970 que facilitaron la llegada al gobierno de Salvador Allende como el primer presidente marxista electo en America Latina y quien, con la injerencia directa y personal de Fidel Castro, promovió un terco empeño por imponer lo que él llamó “la vía chilena hacia el socialismo” impulsando, con la consigna de “avanzar sin transar”, una violenta política de expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y otras medidas típicas del populismo marxista que generaron un desastre económico y una fuerte confrontación social, lo que estuvo a punto de llevar al país a una guerra civil y al final condujo al golpe de Estado de septiembre de 1973 y a la férrea dictadura del general Augusto Pinochet que por 17 años mantuvo a Chile sometido a un régimen autoritario y violador de los derechos humanos, mientras impulsaba un programa económico neoliberal que logró la reactivación de la economía, aunque con poca atención a las consecuencias sociales negativas de ese modelo de libre mercado.
Luego de la derrota de la dictadura en el plebiscito nacional del 5 de octubre de 1988 y con las elecciones presidenciales de diciembre de 1989 Chile recobra la democracia y desde 1990 se han turnado en el gobierno, mediante libres comicios, 5 presidentes de centro izquierda en el marco del llamada Acuerdo de Concertación por la Democracia y, por dos periodos, Sebastián Piñera de centro derecha. Cabe destacar que durante esos periodos de relativa estabilidad política Chile ha logrado un exitoso proceso de desarrollo pero sin embargo el país acusa graves fallas en el ámbito ámbito social, las cuales han sido manipuladas por grupos de extrema izquierda con abierto apoyo externo, quienes impulsaron las protestas desatadas como estallido social desde octubre de 2019. Esas vandálicas acciones, que incluyeron quemas y saqueos de templos e instalaciones públicas, provocaron que el gobierno de Piñera y el 90 por ciento de las organizaciones políticas del país firmaran el llamado Acuerdo de Paz por la Nueva Constitución y convocaran un plebiscito nacional, el cual se realizó en octubre del año pasado con la participación del 50.9%, la mayor desde 2012, cuando comenzó a regir el voto voluntario en el país.
Con la aprobación del plebiscito por el 40% de la población electora se convocó a las elecciones realizadas el 15 y 16 de este mes para escoger a las personas encargadas de elaborar una nueva Constitucion que sustituirá a la actual, elaborada durante la dictadura de Pinochet, pero que contiene importantes reformas entroducidas en 1989 y 1991 para incorporar el pluralismo político y fortalecer mayores derechos y garantías democráticas. En estas últimas elecciones en las que sólo participó el 41.5% de los electores, se eligieron conjuntamente las autoridades municipales y de los gobiernos regionales.
Cabe destacar que los independientes electos ocuparán el 64% de los 155 escaños previstos para eleborar la nueva Constitución chilena. Por otra parte el Observatorio Nueva Constitución de ese país señala que, sin contar los 17 escaños reservados para los representantes de los pueblos indígenas -fundamentalmente mapuches, aimaras, y quechuas-, sólo participarán en el proceso constituyente 50 miembros de partidos políticos, de los cuales 26 son militantes de partidos de izquierda -comunistas y Frente Amplio- y 24 representarán la ex-Concertación, cuyos partidos más relevantes apenas lograron 16 escaños: 15 los socialistas y 1 la Democracia Cristiana. Un resultado similar arrojaron las elecciones para gobernadores, alcaldes y concejales en las que la derecha sufrió igualmente notables derrotas, entre otras en la gobernación de la región Metropolitana y la alcaldía de Santiago que pasó a manos del partido comunista.
En síntesis lo más notable de esta elecciones ha sido la debacle de los partidos políticos tradicionales del país y el peso que en el proceso constituyente tendrán las agrupaciones independientes, aunque con tendencia mayoritariamente de izquierda y de rechazo al viejo orden, al presidencialismo y al modelo económico neoliberal, por lo que se estima que en el debate constituyente que se realizará durante 9 meses a partir de finales de junio, temas como el cambio hacia un sistema semipresidencialista con la elección de un Primer Ministro que dependa del Parlamento, asuntos ambientales como considerar el agua como un bien nacional de uso público, la diversidad de género, y la creación de un Estado plurinacional, serán -entre otros- asuntos relevantes a ser considerados como componentes de la nueva Carta Magna.
Chile va a enfrentar un proceso Constituyente y en noviembre unas elecciones presidenciales, en el entorno de complejas realidades que van a poner en grave riesgo el futuro de la democracia y la libertad en ese país austral, ya que no hay dudas que la corriente neomarxista que, impulsada por el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla, se ha empeñado en hacer implosionar las democracias liberales en nuestro continente tratará de imponer en el debate constituyente sus tesis totalitarias y enemigas de los valores de nuestra cultura occidental y su retrógrado modelo de gobierno que solo ha provocado hambre, miseria y violacion de los derechos humanos en los países en donde se han impuesto estos regímenes; recordar los casos de la implosion de la Unión Soviética que dejó la herencia de crisis política, económica y social que sufrieron los países de Europa del Este, los más de 55 millones de muertos que produjo en China el experimento Maoísta y, más recientemente los fracasos de gobiernos socialcomunistas en algunos países de America Latina y el Caribe. Frente a esa real amenaza, la sociedad civil chilena debe asumir el gran reto de entender el alcance anti democrático y leberticida de esa corriente comunista, ahora en su versión neomarxista y gramsciana que, mimetizada como progresista y globalista pretende socavar los principios y valores de la democracia.
Pero la repuesta a esa amenaza corresponde a la mayoría independiente que va a integrar la nueva Constituyente en la que el debate no debe ser entre tendencias de izquierda y de derecha sino entre los defensores de la democracia y la libertad y quienes están tercamente empeñados en imponer recetas autoritarias y fracasadas del pasado. Por ello ante los riesgos planteados se impone la promoción de un nuevo liderazgo político y de una sociedad civil capaz de impulsar una democracia liberal de ciudadanos que sepa interpretar adecuadamente las nuevas realidades de la sociedad global y dispuesta a construir los fundamentos del nuevo modelo de desarrollo que le permita a Chile retomar la ruta del progreso en libertad y de un desarrollo humano sustentable, con énfasis en la inclusión social.
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