Varias organizaciones sociales chilenas e internacionales presentaron el pasado jueves 29 de abril una acusación ante la Corte Penal Internacional para que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, sea juzgado por los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos durante las masivas manifestaciones de 2019, el llamado “estallido social”, que dejaron una treintena de muertos y miles de personas heridas.
Por DW Español
El escrito, interpuesto ante la instancia ubicada en La Haya (Países Bajos) por el exjuez español Baltasar Garzón, cuenta con el respaldo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED). La Corte podría tardar años solo en declarar la admisibilidad del recurso, por lo que se espera que sea un proceso largo.
De acuerdo con el documento presentado, los actos que se denuncian fueron “ejecutados en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque” y son “constitutivos de crímenes de lesa humanidad”. Para dar sustento al escrito, se cita a los informes sobre violaciones a los derechos humanos cometidos en el contexto del estallido elaborados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Tribunales chilenos incumplen su deber”
Garzón declaró al sitio de investigación periodística Ciper Chile que “los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”. El escrito, que va dirigido a la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, pide que se indague e inicie un juicio a Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales.
El documento añade que estos serían todos responsables de la comisión de “crímenes de lesa humanidad (…) de manera generalizada y sistemática”. A juicio de los demandantes, la corte debe intervenir pues en el país sudamericano estos delitos no han sido investigados debidamente. “Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”, dijo a CIPER Chile Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.
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Source: La Patilla