En diciembre del año pasado, Lucas, Alexander y Fernando salieron a jugar a la calle en Río de Janeiro y nunca regresaron. Un año después la policía brasileña concluyó que uno murió a punta de golpes y los otros dos fueron ejecutados, al parecer castigados por narcotraficantes por el robo de un pájaro.
Las investigaciones policiales, cuyos resultados fueron divulgados este jueves, confirmaron que los tres menores fueron condenados por un grupo de narcotraficantes en una sesión de tortura tras ser acusados de robar el “passarinho” de uno de los criminales.
“Fueron torturados (…). En algún momento uno de ellos muere y piensan que la solución es matar a los otros dos y llamar a alguien para que saque los cuerpos de la comunidad”, señaló Uriel Alcântara, jefe de la Comisaría de Homicidios de la Baixada Fluminense, en declaraciones a la prensa.
Los narcotraficantes acusados actúan en la favela Castelar, una deprimida comunidad localizada en la zona metropolitana de Río donde la Policía realizó este jueves un operativo para cumplir 56 órdenes de captura de personas vinculadas con el crimen, de las que más de una treintena fue cumplida por las autoridades.
Cinco miembros de esa facción, entre ellos una mujer conocida como “Tía Paula”, fueron acusados formalmente del triple homicidio, tres de los cuales murieron durante la acción policial y otro está forajido.
Las investigaciones señalaron que la idea inicial de los delincuentes era agredir a los niños, como forma de corregirlos. Sin embargo, tras la muerte del primero por la paliza, decidieron ejecutar a los otros.
No obstante, las autoridades desconocen cual de ellos murió a golpes, pues los cuerpos fueron transportados en carro y arrojados en bolsas a un río cercano y aún continúan desaparecidos.
Los tres menores desaparecidos, de 8, 10 y 11 años de edad, salieron a jugar el 27 de diciembre del año pasado por los alrededores del Castelar.
Ellos forman parte del elevado número de menores adolescentes desaparecidos en Brasil, según datos oficiales. En el gigante suramericano se desconoce el paradero de unas 80.000 personas y, de ese total, se calcula que más del 36 % corresponde a menores de edad, en su mayoría adolescentes.
EFE.