Un joven ambientalista que se opone a la minería fue capturado este domingo en Nicaragua, tras abandonar el exilio para continuar con su vida en la zona central del país, informó el Movimiento Nacional Ambientalista Frente a la Minería Industrial (Monafmi).
El joven Ulises Josué Rivas fue capturado en el municipio de Comalapa, ubicado a 130 kilómetros al noreste de Managua, por agentes de la Policía Nacional, que supuestamente obedecían una orden judicial.
Según los agentes, Rivas había sido denunciado en mayo pasado por cometer un supuesto robo agravado en contra de dos hombres.
Monafmi rechazó la acusación, con el argumento de que el joven había partido al exilio a fines de 2018, como producto de la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de presos, muertos y desaparecidos, así como decenas de miles exiliados, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.
“El líder ambientalista se exilió por más de nueve meses en el vecino país de Costa Rica, debido a las constantes amenazas, asedio y represión, que viven los líderes de los movimientos territoriales”, indicó Monafmi, en un comunicado.
El movimiento ambientalista calificó la captura de Rivas como una “acción de represión, asedio y criminalización hacia los líderes defensores” del medio ambiente, y recordó a las autoridades que “es un derecho defender nuestra patria y demandar la democratización del país”.
Rivas era conocido en Chontales, en el centro de Nicaragua, por participar en protestas antigubernamentales durante el estallido social contra Ortega, que inició en abril de 2018.
El oro es el tercer principal producto de exportación de Nicaragua, con ventas por 253,9 millones de dólares en los primeros ocho meses del presente año y 375,5 millones de dólares en todo 2018.
Mientras estuvo en Costa Rica, el joven también participó en protestas contra el Gobierno de Nicaragua, según sus allegados.
La Policía de Nicaragua mantiene una prohibición absoluta de manifestaciones de rechazo hacia Ortega, a pesar de que la medida va en contra de la Constitución, según los juristas locales.
Actualmente en la Organización de los Estados Americanos (OEA) existe un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua, por rompimiento del orden constitucional, que de aplicarse suspendería al país del organismo.
La crisis de Nicaragua ha dejado 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha señalado al Gobierno de Nicaragua por crímenes “de lesa humanidad”. Organizaciones locales cuentan hasta 505. Ortega reconoce 200.
EFE
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