La máxima representación de la justicia militar de Guayana se presentó el 26 de diciembre en la sede de la Región Estratégica de Defensa Integral Guayana donde se constituyó el Tribunal Militar 17 de Control para la audiencia, cuya decisión fue dejar detenidos a tres oficiales y nueve civiles, como consecuencia de la toma del Batallón 513.
Por: Sebastiana Barráez | Infobae
En el tribunal estuvieron el Fiscal Militar Superior de la Región de Defensa Integral de Guayana, coronel Cesar Enrique Milano Montoya; el Juez Militar Décimo Séptimo de Control de Ciudad Bolívar, mayor Cristian Josué Rivas Lanz; la Defensa Pública Militar T/N. Sourelis Bonalde García y el primer teniente Cesar Augusto Delgado Perich; y el alguacil Sm/3ra. Jean Alberto Cedeño.
El 26 de diciembre Abel Reinaldo Angola García llegó con 14 funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, para trasladar al personal militar y a varios civiles, a quienes el juez les ordenó privativa de libertad como consecuencia de la Audiencia. Se trata de un teniente de navío que es uno de los reconocidos funcionarios que ha ejecutado torturas contra militares detenidos en la sede central de DGCIM en Boleíta, Caracas. Es el mismo que participó en el allanamiento del apartamento de la diputada Yaneth Fermín. Ahora lo enviaron a encargarse del traslado de 12 personas a ser procesadas en la justicia militar.
Los detenidos son el Comandante del 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla Padrón” ubicado en el sector Luepa, municipio Gran Sabana del estado Bolívar, Teniente coronel Edgar Omar Valdez Ramírez; y los oficiales Primer teniente Axel Caldera Yépez y el Teniente Miguel Ángel Reyes Mendoza. También quedaron detenidos los ciudadanos Oscar Albenis Pérez González, Amílcar José Pérez Pérez, Carlos Alfredo Fernández Bailón, Carlos Cesar García Duran, Yori Agustín Rondón Pérez, Fancencio Mejías Fernández, Lisandro González Delgado, Frederick Lowuis Fernández Romero, Julio Leomal Delgado Sosa.
Se dejaron sorprender
No está claro si al teniente coronel Edgar Omar Valdez Ramírez comandante del 513 Batallón de Infantería Selva “GD Mariano Montilla Padrón” lo están procesando como sospechoso de ser partícipe del asalto al parque de armas que encabezaron el teniente Josué Abraham Hidalgo Azuaje y el SM3 Darwin Balaguera Rivas, o por haberse dejado tomar el batallón.
El que sí habría demostrado estar comprometido fue el Teniente Miguel Ángel Reyes Mendoza.
Ese día, 22 de diciembre, Hidalgo y Balaguera se apropiaron de más de un centenar de fusiles de un comando del Ejército venezolano en el estado Bolívar. El teniente logró huir, mientras el sargento Balaguera fue herido y capturado. Él le dijo a los cuerpos de Inteligencia Militar que la acción fue coordinada con alias Toñito, quien los financió y reclutó para la “Operación Aurora” que organizó el teniente Hidalgo.
Andrés Antonio Fernández Soto alias Toñito fue un poderoso comerciante en esa zona del estado Bolívar, ya que explotaba una mina de oro y poseía numerosos negocios. Además tuvo poder en su relación con el alcalde de Santa Elena y con la Guardia Territorial Indígena que controlan los indígenas pemones. Eso ocurrió hasta que se ordenó su detención en la Operación Manos de Metal y el Gobierno le arrebató la mina.
Los hechos demuestran que lo dicho por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, no es cierto en cuanto a que el asalto al Batallón 513 de Selva tenga motivaciones políticas y mucho menos lo es que pretendieran “asaltar unidades militares en Táchira, Zulia, Barinas, Aragua, Distrito Capital y Sucre”.
Para Fernández Soto el objetivo del asalto al Batallón de Selva de Bolívar fue para hacerse de los fusiles, con los cuales armar un gran grupo que le permita enfrentar a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) quienes tomaron a la fuerza el control de las minas de oro, que están al servicio del Gobierno nacional y de militares y extranjeros.
Es importante considerar lo dicho por el ministro Rodríguez al insistir en precisar que fueron recuperados los nueve lanzacohetes. Recordemos que semanas atrás el presidente de la Asamblea Constituyente Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López e incluso Nicolás Maduro, dijeron que había más de 50 militares que habían sido contactados por personas desde Colombia para que les vendieran armas venezolanas, incluso de los aviones Sukhoi.
Nunca se supo qué vendieron 13 de esos militares en cuanto a equipos y secretos del armamento de la Fuerza Armada.
Buscando culpables
El ministro Jorge Rodríguez, quien es el principal funcionario en cuanto a repartir culpas, algunas magnificadas, pero siempre dirigidas a puntuales sectores de la oposición, no tiene rubor alguna en crear hilos para relacionar lo ocurrido en el asalto del Batallón de Selva con algunos de sus objetivos, aun cuando los participantes en el asalto han dejado claro que el autor intelectual del hecho fue alias Toñito.
Dijo Rodríguez que “un grupo de mercenarios estuvieron desde el 23 de febrero en Cúcuta, luego se desplazaron hacia un campamento paramilitar en Cali, donde está (el Mayor general del Ejército) Cliver Alcalá. Se planea una operación en la que un grupo de desertores en Cali, protegidos, amparados, financiados y con logística cubierta por Iván Duque, van a Ecuador y Perú con Vilca Fernández, hacen el apresto logístico para actuar y asaltar la unidad en Venezuela. Se van a Manaos y viajan a la localidad fronteriza donde se quedan 15 días en Paracaima, en el hotel Funchal, reciben instrucciones y planificación”.
Insiste Jorge Rodríguez y asegura que el teniente José Hidalgo Azuaje, suministraba recursos, desde dicho hotel, coordinando con alias Toñito para obtener los fusiles de asalto para entregárselos a Colombia. De eso no presentó prueba alguna.
Hace tres meses los Servicios de Seguridad Ciudadana Fronteriza y Resguardo Minero del Comando de Zona 62 de la Guardia Nacional Bolivariana (CZ62) en Bolívar presentaron un abultado informe al Comandante General de su componente y al Alto Mando Militar Ampliado de la GNB, en el cual denunciaron que la guerrilla colombiana se encontraba en cuatro de los once municipios del estado, habiéndose fortalecido desde la creación del Arco Minero.
Uno de los municipios donde reportaron haber detectado a la guerrilla fue en Santa Elena de Uairén en la Gran Sabana, además de otros municipios. Ubicaron a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el municipio Cedeño y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona minera de Los Pijiguaos.
Informes de Inteligencia registran, como parte de los Grupos Estructurados de Delincuencia Organizada (GEDEO) a alias Toñito, al alcalde destituido de la Gran Sabana Emilio González, además de Jorge Gómez, Juan Gabriel González y Ángel Lino Páez Romero.
En el caso de alias Toñito no aparece relacionado con dirigentes políticos ni diputados.
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