Más de 40 organizaciones vecinales del estado Miranda, reunidas en asamblea ciudadana rechazaron la Consulta Popular ordenada por el Gobernador de esa entidad, Héctor Rodríguez, con la cual está planteado transferir competencias de los gobiernos municipales a las comunas, para permitir, a estas últimas, disponer de los fondos provenientes de la Ley de Convivencia y Paz para la realización de proyectos sociales. Los vecinos califican la acción como arbitraria e inconstitucional.
Manfredo González, exconcejal del municipio Sucre y coordinador de Caracas Ciudad Plural, afirmó que la Consulta viola la Carta Magna por donde se vea. Señaló que hasta la fecha la información oficial referente a dicho proceso no ha sido difundida de forma detallada, en cambio ya han comenzado a movilizar a las llamadas Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCH) y a militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
“Lo que pretenden es aprobar el cambio de una Ley Regional que especifica que el dinero proveniente de multas los recibiría la Policía de Miranda, lo cual en nuestra opinión es innovador porque permite a los funcionarios policiales disponer de recursos para actualizar su dotación de equipos o recibir bonos salariales”, indicó.
González explicó que ahora estos recursos serían manejados por líderes de las Comunas, a quienes nadie conoce ni sabe cómo fueron electos. Añadió que ya es conocido que estos comicios los electores deberán ejercer su derecho al voto en lugares alejados de sus zonas de residencia y para estos fines “han argumentado ‘nucleaciones’ de centros de votación”.
“Yo, por ejemplo, que soy residente de El Marqués, tendría que sufragar en la Escuela Técnica de Campo Rico, muy lejos del lugar donde vivo, sucede lo mismo a la gran mayoría de los ciudadanos de Miranda. La realidad de la Consulta es que quieren imponer el Estado Comunal por encima de los gobiernos municipales”, expresó González.
Por su parte, Kiomara Scovino, vocera de la Red de Organizaciones de Baruta, dijo: “nosotros rechazamos la convocatoria a esta Consulta ya que comenzó todo de forma clandestina y excluyente. Primero se dijo que solo participarían los adscritos a una Comuna y, luego, se abrió a todos los residentes del estado Miranda, inclusive a ciudadanos de 15 años en adelante”, explicó Scovino.
“Si nosotros legalizamos la comuna como forma de Gobierno con nuestra participación en esta Consulta, estaríamos dándole oxígeno al Estado Comunal, rechazado en el referéndum de 2007. Nosotros exigimos al Gobernador Héctor Rodríguez que le explique a los mirandinos de qué se trata esta barbaridad. Al no tener las reglas claras y con secretismos los vecinos no vamos a participar”, subrayó Scovino.
La asamblea concluyó con un pronunciamiento, cuya lectura estuvo a cargo de Zuleima Blanco, vecina de El Hatillo, donde los ciudadanos hacen una serie de exigencias, entre ellas, la suspensión del proceso y la convocatoria a un debate claro entre el Poder Ejecutivo mirandino y los habitantes de la entidad; asimismo, invitan a organizaciones sociales y vecinos en general a suscribir dicho pronunciamiento a través de este enlace: Forms.gle
A continuación el comunicado:
PRONUNCIAMIENTO DE CIUDADANOS DEL ESTADO MIRANDA ANTE LA INTENCIÓN DE UNA CONSULTA ARBITRARIA POR PARTE DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO
Sres.:
-Asamblea Nacional
-Gobernación del Estado Miranda
-Consejo Legislativo del Estado Miranda
-Alcaldes del Estado Miranda
-Concejos Municipales del Estado Miranda
-Ciudadanos del Estado Miranda
La Gobernación del Estado Miranda convocó a supuestas 295 Comunas que existirían en la entidad, a una denominada “Consulta Popular Miranda 2019”, que tendría lugar el próximo 1º de diciembre.
Dicha “consulta” está basada en una cuestionable Ley de Convivencia para la Seguridad y la Paz Ciudadana en el Estado Bolivariano de Miranda, construida en 2017 en un proceso nada transparente y luego dictada por el Consejo Legislativo regional y publicada en la Gaceta Nº 4794 del estado.
Se intenta ahora, aplicando un barniz de aparente apoyo popular a la mencionada ”consulta”, modificar demagógicamente el espíritu de la ley en cuestión, de modo que el producto de las multas allí dispuestas sea transferido directamente a los Bancos Comunales reconocidos por esa Gobernación y el Ministerio de las Comunas, en lugar de incentivar a los funcionarios de PoliMiranda e incrementar la dotación para la seguridad ciudadana en la región, como está estipulado actualmente.
En nuestra condición de ciudadanos del Estado Miranda, en ejercicio de los derechos constitucionales y legales que nos corresponden, denunciamos:
1) La referida “consulta” es arbitraria y, sin seguir el debido proceso de elaboración o modificación de leyes regionales, pretende asignar a unas Comunas los fondos recaudados por multas a la totalidad de los ciudadanos residentes o de tránsito en el Estado Miranda.
2) El Registro Electoral que se pretende usar para tal “consulta” es falsamente incluyente, pues allí aparecen todos los electores del Estado Miranda, sin que la mayoría de ellos se haya inscrito para tal fin o pertenezca a los Consejos Comunales y a las supuestas Comunas que participarían en la descrita “consulta”.
3) La Ley con la cual se pretende respaldar la referida “consulta” se basa en el concepto de Estado Comunal, no establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y negado por el Referendum nacional efectuado en 2007.
En consecuencia, rechazamos la pretendida “consulta” y llamamos a respaldarnos, tanto a los Diputados, Alcaldes, Legisladores y Concejales que nos representan, como a las organizaciones sociales que hacen vida en el Estado Miranda.
Nota de prensa
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Source: La Patilla