“Cuando aspiras a alcanzar el puesto más alto, recuerda que es honorable la segunda, o tercera posición” — Marco Tulio Cicerón
Retaliación y expiación de pecados ajenos saltan a la vista en la causa penal seguida a 8 gerentes de Pdvsa Occidente. El derecho y los sistemas de justicia surgieron como un modo de acabar con la barbarie, pero lo que han hecho con los procesados en este caso y sus familiares rebaza cualquier límite racional, sin entrar en consideraciones morales y siendo práctico, no juzgo ni cuestiono, pero el panorama de estos ciudadanos tiene mucho de barbarie, o lo que es lo mismo, prácticas aberrantes de fiscales y jueces de la República.
Por Robert Alvarado
La trama se enredó, como en todas las historias, cuando el poeta Tarek William Saab, en un arrebato de lealtad revolucionaria, ordenó la detención de tan calificados ejecutivos de la industria petrolera, sin pruebas del sabotaje y la corrupción que les atribuyó, olvidando que en Derecho lo que se afirma se prueba, de no hacerse, es chisme, sí, un chisme propio de quien en su condición cuestionada de Fiscal General de la República sostiene la “tipificación de delitos inexistentes”, una barbaridad del tamaño del cielo, si eso es con respeto a temas jurídicos que puede esperarse de él respecto a ciudadanos cazados a lazo por intermedio de un tribunal de Cabimas.
El venidero miércoles 4 de septiembre de 2019, los 8 gerentes privados de libertad en el Fénix Carabobo o Centro de Formación para el Hombre Nuevo “El Libertador”, ubicado en Tocuyito, Estado Carabobo, cumplirán dos años sin Audiencia Preliminar, un hecho que hasta un estudiante de primer año de Derecho calificaría de irregular, bajo esas circunstancias operaría de oficio el decaimiento de la privativa acordada valiéndose de falsos cargos, pues si fueran ciertos, si existieran pruebas para demostrarlos, estuvieran pasando más penurias de las que les ha correspondido vivir.
Todos sabemos que estos 8 gerentes, detenidos el 4 de septiembre de 2017 en Lagunillas y recluidos inicialmente en la DGCIM del Estado Zulia, son víctimas del enfrentamiento de grupos de poderes a lo interno del régimen de Nicolás Maduro, ellos están expiando pecados ajenos, de capitostes desplazados de sus altas posiciones. Lastimosamente para ellos del Poder Judicial Venezolano lo que queda es el puro nombre, pues se ha convertido en un instrumento de retaliación con innumerables víctimas a los largo y ancho del país.
La retaliación que afecta a estos gerentes y sus familiares se ve favorecida por el flagelo de la ignorancia de la mayoría de los administradores de justicia, un flagelo nacional y con poquísimas excepciones, dando lugar a prácticas que no se compadecen con lo previsto en el cuerpo normativo que rige la materia penal en Venezuela, en el presente caso son dos años sin Audiencia Preliminar, pero también conozco tribunales de control que pueden tardar ocho y diez días para celebrar una Audiencia de Presentación, existiendo casos extremos en que dicha audiencia se efectuó casi un año después de iniciado el proceso judicial respectivo, luego el Ministerio Público se tardó algo más de 11 meses en presentar el acto conclusivo respectivo, con todo y que se trata de un hecho público, notorio y comunicacional en perjuicio de una dama.
Ignorancia no sólo es desconocimiento de la materia penal dando lugar a yerros como los antes referidos. ¡Ignorancia es barbarie! Precisamente lo que se aprecia a simple vista en la causa penal seguida a Juan Carlos Barreto Ramos, gerente de Operaciones de Producción Occidente; Gustavo José Malavé Buccé, director Ejecutivo de Producción Occidente; Juan Carrillo Martínez, subdirector de Producción Occidente; Héctor Roque Ramírez, gerente de Operación Integral de Plantas; César Valera Villarroel, gerente de Negocio de Producción Occidente; Adolfo Torres Vargas, gerente General DSI Producción Occidente; Henry Sánchez Mora, director Ejecutivo DSI Costa Oriental del Lago y José Manuel Marín, gerente Regional DSI Occidente.
Hablamos del Expediente 10C-20-122-17, tramitado por el Tribunal de Primera Instancia en Funciones 10° de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, donde radicaron la causa, un despacho a cargo de los casos emblemáticos del régimen, caracterizado por aplicar con total desparpajo el retado procesal en perjuicio de los procesados y lo que yo he dado en llamar cabras judiciales, que no son más que los artilugios que usan para que los defensores privados no peguen ni ganen una con sus actuaciones, pero siempre hay la forma de revertir tan perverso proceder.
Para el jueves 5 de septiembre de 2019 está fijada, por enésima vez, la realización de la Audiencia Preliminar, a pesar de ser un caso de matiz político abrigo la esperanza que en esta oportunidad se lleve a cabo, pues Juan Barreto Ramos, Gustavo Malavé Buccé, Juan Carrillo Martínez, Héctor Roque Ramírez, César Valera Villarroel, Adolfo Torres Vargas, Henry Sánchez Mora y José Manuel Marín, no cesan de preguntarse cuándo tendrán una audiencia justa, conocedores de que vivimos en un mundo de debido proceso que en Venezuela tiene importantes inflexiones.
Alguien me comentó que en este caso no hay justicia, sólo ataque a rivales, verdad o mentira, ese dicho refleja que el régimen no sale con tratos democráticos a la hora de arremeter contra cualquier ciudadano, eso no tiene discusión alguna, cualquier otro planteamiento es romanticismo y lamentablemente aún existen muchos románticos.
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