-Los primeros meses, -dice Yarudid González, hija del líder sindical Rubén González– mi papá pedía que fuéramos todos los días de visita (viernes, sábado y domingo). Entonces no había el desabastecimiento de gasolina que hay ahora, a lo que debe sumarse que por la cuarentena no nos dejan verlo, ni llevarle agua potable, comida y medicinas. Los hijos y nietos nos turnábamos para verlo. A los que juegan beisbol les preguntaba por las prácticas y a veces pedía que llevaran la pelota para practicar con ellos y enseñarles algunas técnicas, porque mi papá jugaba béisbol también. Después, la situación fue empeorando, algunos no podían ir por las dificultades que estamos enfrentando. “No dejen de traerme a mi negrita”, decía siempre, refiriéndose a mi mamá. En diciembre, cuando su estado de salud empeoró hasta agravarse, estaba muy preocupado por no poder ver a los nietos. Yo tenía planes de irme del país, porque el Gobierno me allanó la casa, despidió a mi esposo, dictó orden de captura a mi hermano y a mi cuñado, y todos nos quedamos desempleados. La empresa, Ferrominera Orinoco, nos echó a la calle sin explicación y hasta a los niños les dejaron de pagar escuela y guardería. Era muy difícil para nosotros trasladarnos hasta La Pica desde Ciudad Piar. Y eso aumentó su estrés. Entonces, se puso peor de la hipertensión.
Por: Milagros Socorro // La Gran Aldea
Rubén González es uno de los presos políticos más visibles del régimen de Nicolás Maduro, quien tiene más 400 detenidos por disidencia. De larga trayectoria en la lucha por los derechos de los trabajadores, González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), ha sido encarcelado dos veces durante las dictaduras bolivarianas. La primera vez, en 2009, en tiempos de Chávez, por liderar una protesta de 16 días, en Ferrominera Orinoco, para exigir el cumplimiento de la convención colectiva. Fue sometido a un proceso judicial que duró cinco años, de los que pasó año y medio en prisión.
El encarcelamiento, arbitrario, según varias organización de Derechos Humanos y, lo más sorprendente, según el patrono, el entonces presidente de Ferrominera, Radwan Sabbagh, quien al presentarse en la audiencia en calidad de testigo del Estado, sorprendió a todos al declarar que el juicio era injusto y que había sido promovido por una fracción sindical adversa y militante del PSUV, y que González no había tenido ninguna responsabilidad en el inicio de la investigación de ese caso.
Ese encarcelamiento no disminuyó en lo absoluto el compromiso de Rubén González con los trabajadores. Al contrario. En marzo de 2011, pocos meses después de haber sido liberado, le declaró a la periodista Clavel Rangel: “No podemos dejar que nos dividan. Cuando se une con conciencia, fortaleza y, sobre todo, con objetivos, podemos lograrlo. Los trabajadores preguntan: ¿Qué vamos a hacer? Y yo les digo: ‘Morir con las botas puestas, más nada’ ¿Cómo reculas? Si se quedan 20 en la protesta, con esos hay que darle. Les puedo decir, aún en las chiquiticas, ustedes van a tener la victoria, pero hay que aguantar”.
En 2018, tras muchas amenazas de volver a detenerlo, de un secuestro exprés y de una orden judicial para impedirle hacer asambleas del sindicato, González fue encarcelado otra vez. No solo había desatendido la prohibición de reunión con los agremiados al sindicato, de la que dijo: “Ante una sentencia inconstitucional e injusta, solo queda la desobediencia y resistencia pacífica”, sino que se fue a Caracas a participar en una protesta para persistir en lo que siempre ha reclamado, el respeto a la convención colectiva y la recuperación del salario, “pulverizado por una dictadura anti sindical y anti obrera”.
El 29 de noviembre de 2018, cuando regresaba al estado Bolívar, fue detenido en una alcabala, en Anaco, estado Anzoátegui, por funcionarios de la Dgcim, entregado a un inconstitucional proceso judicial en la jurisdicción militar y enviado al Centro Penitenciario de Oriente, mejor conocida como la cárcel de La Pica, en el estado Monagas.
El 13 de agosto de 2019, el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, estado Monagas, lo condenó a 5 años y 9 meses de prisión por presunto ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional.
-Cuando vamos a verlo a la cárcel -dice Yarudid González, hija del preso político- nos abraza, nos besa. A mi esposo le ha confesado que quiere salir de ahí. “Hijo, ya no quiero estar más aquí, quiero estar con mi familia, me hacen falta mis nietos, quiero acompañar a mi negrita a orar en las mañanas”. A nosotros no nos dice esas cosas porque nos echamos a llorar.
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