Un abogado de un exlíder paramilitar colombiano, Salvatore Mancuso, pidió a un tribunal federal de Estados Unidos que obligue al fiscal general William Barr a deportar de inmediato al exseñor de la guerra a Italia después de que cumplió una larga condena por drogas.
Por Joshua Goodman | The Associated Press
Traducción libre del inglés por lapatilla.com
La petición de emergencia fue presentada el lunes en la corte federal de Washington, DC en nombre de Salvatore Mancuso, el ex comandante de las Fuerzas de Defensa Unidas de Colombia, conocidas como las AUC. Se produce cuando Colombia está montando una campaña de último minuto para bloquear la expulsión de Mancuso a Italia después de que se estropeó una solicitud de extradición que tuvo que ser retirada el mes pasado.
El abogado de Mancuso argumenta que Barr, Chad Wolf, jefe interino del Departamento de Seguridad Nacional y otros cuatro altos funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. han mantenido ilegalmente a Mancuso bajo custodia federal más allá del máximo de 90 días permitidos para la remoción de extranjeros. En la petición se incluye una copia de una orden de deportación administrativa final con fecha del 15 de abril que obliga al DHS y al ICE a trasladar a Mancuso a Italia, donde también tiene la ciudadanía.
El abogado de inmigración Héctor Mora atribuye la demora a la fuerte presión del gobierno de Colombia, que, según él, está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos para traer de regreso a Mancuso a Colombia. Si regresa a casa, argumenta que es probable que su cliente sea encarcelado, o incluso asesinado, a pesar de haber cumplido con sus obligaciones en virtud de un acuerdo de paz de 2003 que negoció, que limita las penas de prisión a ocho años para los líderes de las milicias que confiesen sus crímenes.
“Él y su familia están aterrorizados con su posible regreso a Colombia”, escribió Mora a los funcionarios de ICE el 27 de marzo, el mismo día que Mancuso cumplió una sentencia de 12 años en Estados Unidos por tráfico de cocaína.
Mancuso, de 55 años, era el más arrepentido de los exlíderes de las milicias de derecha después de su desmovilización y su afán por discutir los crímenes de guerra de los paramilitares ya ha sacudido la política colombiana.
Su alarde en 2005 de que un tercio del Congreso de Colombia fue elegido con apoyo paramilitar desencadenó una ola de investigaciones judiciales que terminó con decenas de funcionarios electos tras las rejas. Mora dijo que otros que aún están en el poder no han ocultado su deseo de encontrar un tribunal colombiano para ordenar el arresto de Mancuso en un “esfuerzo desesperado por silenciarlo”.
Mancuso “a través de sus extensas declaraciones se ganó enemigos en los más altos niveles del poder, incluidos altos funcionarios del partido gobernante en Colombia y el círculo íntimo de la actual administración”, escribió Mora.
El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este mes el regreso de Mancuso y su encarcelamiento inmediato por “crímenes de lesa humanidad”. Mientras tanto, la Fiscalía General dijo que estaba trabajando en una nueva solicitud de extradición luego de que AP reveló cómo el primer intento tuvo que ser retirado cuando las autoridades se dieron cuenta de que un juez ya había cancelado la orden de arresto.
Si bien los tribunales colombianos han juzgado a Mancuso responsable de más de 1.500 actos de asesinato o desaparición forzada, muchos de los delitos no se reconocen como delitos en la legislación estadounidense porque se derivan de su posición en la jerarquía de mando de las AUC, no de órdenes específicas que dio. En 2001, Estados Unidos designó a las AUC como organización terrorista extranjera.
En 2008, el entonces presidente Álvaro Uribe extraditó sigilosamente a Mancuso y a otros 13 caudillos para enfrentar cargos por drogas en Estados Unidos. Sus críticos dicen que la medida de choque, una aparente violación del acuerdo de paz, fue un intento de callar a los hombres justo cuando comenzaban a revelar secretos sobre su crímenes y colaboradores políticos, incluido Uribe, quien como gobernador en la década de 1990 apoyó la creación de grupos armados legales para proteger las tierras de los ganaderos de los guerrilleros de izquierda.
La presentación de emergencia del lunes contiene una nueva perspectiva sobre cómo Mora y Joaquín Pérez, el abogado de defensa criminal de Mancuso en Miami, lograron superar a los funcionarios colombianos. La lucha por el futuro de Mancuso ha atraído la atención de sus víctimas, así como de Human Rights Watch, que acusó a los funcionarios colombianos de ser “notablemente negligentes” en su búsqueda de la extradición de Mancuso.
Según la correspondencia presentada con la petición, Mancuso solicitó asilo en los Estados Unidos, donde su ex esposa y su hijo menor recibieron protección, y también indicó que no se opondría a la expulsión a Italia, pero que lucharía contra cualquier orden que lo envíe a Colombia.
Mora, en correspondencia con funcionarios estadounidenses en marzo, dijo que su cliente ya había comprado un boleto de ida a Roma y tenía una dirección en Italia donde permanecerá en cuarentena durante los 14 días posteriores a su llegada a Italia. Para acelerar la deportación, la familia Mancuso también ofreció comprar boletos para dos funcionarios de ICE que debían escoltar al ex delincuente.
Mora incluyó como parte de su petición el pasaporte italiano de Mancuso, que expiró en 2001; Los documentos de viaje fueron proporcionados por el consulado italiano en Miami el 14 de agosto, según la correspondencia incluida en la petición.
El Departamento de Justicia de EE. UU. y el ICE no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
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Source: La Patilla