El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo aseguró que el levantamiento parcial de sanciones, a través de instrumentos jurídicos que impone Estados Unidos a Venezuela es catalogado como ilegal, según el derecho internacional.
Recordó que en octubre del año pasado se aprobaron un conjunto de “permisos” a través de lo que EEUU denomina licencias, como una respuesta al Acuerdo de Barbados y, en especial, al diálogo directo realizado entre el gobierno de Venezuela y Washington en Catar. “Es lo que hemos llamado nosotros el diálogo con los dueños del circo”, acotó
En este sentido, destacó que, de los 124 instrumentos jurídicos emitidos desde el país norteamericano para desbloquear parcialmente al país, resalta en importancia la Licencia N° 44, la cual está dirigida al sector petróleo y gas y cuya renovación, o no, se cumple este 18 de abril.
“Imponer sanciones o dar licencias es un derecho ilegal que Estados Unidos se arroja, es decir, el derecho internacional castiga las sanciones y las declara como medidas ilegales violatorias de los derechos humanos y como políticas criminales de acuerdo al Estatuto de Roma”, explicó el funcionario a Últimas Noticias.
Sin embargo, Castillo aclaró que este tipo de acciones se utilizan con la finalidad de chantajear la actuación del gobierno de Venezuela.
“Nosotros consideramos que las licencias son parte del sistema sancionatorio, porque, aunque abran una posibilidad, aunque abren una ventana, que en este caso es muy pequeña, traten de seguir condicionando, la coerción y la presión contra el país y quieren obligarlo a tomar decisiones de su sistema político, de sus autoridades, en base a la presión de una sanción. Por eso la rechazamos contundentemente”, sentenció.
En este sentido, aseveró que las informaciones que han salido en los últimos días, como la de supuestos voceros de la Casa Blanca hablando de la implementación de nuevas sanciones al país, podrían responder a una operación psicológica que tiene como finalidad “ablandar al gobierno” para ver su respuesta ante tal amenaza.
“Es que si uno ve en contexto, todas las informaciones que han salido, hay quienes dicen: Bueno, la van a modificar, no la van a no renovar, van a restringirla más. Bueno, el Presidente (Nicolás Maduro) ha dicho: ´me sabe a casabe´, nosotros vamos a seguir avanzando en el crecimiento, en el desarrollo con músculo propio, haga lo que haga Estados Unidos”, resaltó.
Sin embargo, aseveró que la no renovación del instrumento sería considerada como una agresión más al país como parte de una política ilegal, criminal y fracasada en Venezuela, como es la política de sanciones.
EEUU en una encrucijada
Sin embargo, Castillo acotó que Estados Unidos debe pensar bien qué decisión tomar al respecto, debido a que los escenarios mundiales y su futuro energético dependen mucho del petróleo de Venezuela, en especial, porque sus reservas de crudo han disminuido.
“Su apuesta a los conflictos militares los hace más dependientes, así que tienen que pensar bien que van a hacer con Venezuela, si se van a lanzar por el barranco de la máxima presión de Donald Trump, a producir un conflicto con Venezuela, o van administrando sus conflictos internos y sus elecciones internas pensando también en la estabilidad de su suministro petroleros como Venezuela se los garantiza”, aseveró.
Bonos de Pdvsa Citgo
En cuanto a la acción jurídica renovada este lunes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la que se retrasa hasta el 13 del mes de agosto la subasta de la refinería Citgo, explicó que tal acción se viene realizando desde el 2018, y lo que permite es que los bonos 2020 emitidos por la empresa no sean vendidos en el mercado internacional.
“Mientras exista esa licencia, dicen algunos analistas estadounidenses, el juez (Leonard) Stark no va a poder proceder con la subasta. Él ha dicho que va a hacer la subasta con o sin licencia, pero pareciera que no puede hacerlo porque desde el año 2018 él viene diciendo que va a subastar los activos de Citgo y no ha podido, porque Estados Unidos cada tres meses renueve esta licencia”, explicó.
Venezuela avanza
A pesar de todo esto, y gracias a la Ley Antibloqueo, Venezuela sigue fortaleciendo paso a paso su economía, en especial porque el instrumento jurídico facilita las inversiones a través de mecanismos de asociación novedosos “para evitar que los inversionistas que vengan a Venezuela sean afectados por las sanciones”.
Esto se ha visto reflejado en la producción petrolera, que actualmente se ubica por encima de 800.000 barriles de petróleo diario, lo cual es un paso significativo debido a que Venezuela llegó a estar en 340.000 bpd en el año 2020 “que fue el punto más bajo”.
En este sentido, aseguró que llegar a la meta planteada para este 2024 de pasar el millón de barriles diarios es bastante factible, aunque aún falta mucho para llegar a los 2.5 millones de barriles diarios que se producían anteriormente.
“Ahí la clave es que se necesitan inversiones y recursos para recuperación y reactivación de pozos, la exploración, que el Estado no tiene, porque a nosotros nos quitaron 90 por ciento de nuestros ingresos en divisas, entonces depende la inversión internacional y por supuesto la inversión internacional está condicionada de alguna manera por el elemento de las sanciones”, acotó.
También aseguró que a través de los proyectos que realiza el Centro Internacional de Inversiones también se están atrayendo inversionistas para el desarrollo de las Zonas Económicas Especiales.
En cuanto al sobrecumplimiento de las sanciones, o como las llaman, “las sanciones invisibles”, explicó que a pesar de haber conseguido algunos fondos a través de programas de salud como Covax, Venezuela aún tiene bloqueado más de 22.000 millones en el sistema financiero internacional, de los cuales 7.000 millones son dinero líquido, que podrían ayudar a la recuperación del país, a elevar los salarios si lográramos el desbloqueo”, dijo.
Según los datos recopilados por el Observatorio Antibloqueo, hasta el 2023 Venezuela mantiene 930 medidas restrictivas y punitivas, que es como está catalogado en la Ley Antibloqueo. Sin embargo, Castillo aseveró que harán unos ajustes en la metodología para presentar un informe al país más completo sobre el tema de las licencias, “para que se entienda mejor”.
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