En el segundo informe, la Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela se releva los métodos de coerción sobre el Tribunal Supremo de Justicia para intervenir en las decisiones en los casos judiciales.
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Injerencia en el Tribunal Supremo de Justicia
132. Fuentes consultadas por la Misión afirmaron que las y los magistrados del Tribunal Supremo reciben habitualmente órdenes con respecto a la forma de decidir las sentencias. Dijeron que las y los magistrados del Tribunal Supremo comenzaron a ser notablemente menos independientes a partir de 2014, cuando la crisis política se agudizó. Como dijo una exsecretaria, “todas las sentencias empezaron a ser a dedo”.
133. Al menos desde 2015 a 2018, el Poder Ejecutivo transmitió órdenes al Tribunal Supremo de Justicia en una de tres formas. Específicamente,
1) a través de mensajes directos a las y los magistrados correspondientes;
2) a través de un contacto designado como intermediario entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo, que se desplazaba al Tribunal o invitaba a las y los magistrados a Miraflores (el palacio presidencial); o
3) a través de las declaraciones públicas del presidente Maduro o Diosdado Cabello, que a veces fueron resumidas en actas y distribuidas entre las y los magistrados.
Exsecretarias y secretarios del Tribunal Supremo de Justicia dijeron que una delegación del Tribunal Supremo de Justicia, compuesta por presidentes de las salas, solía reunirse regularmente en Miraflores.
134. La Misión habló con un antiguo magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, nombrado en diciembre de 2015. Este dijo que una de las primeras decisiones que le presentaron fue un proyecto de sentencia para inhabilitar a las personas electas como diputados del estado Amazonas, lo que habría eliminado la mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional. El exmagistrado dijo que recibió un mensaje de texto del entonces presidente saliente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en el que le instruía que decidiera el caso de acuerdo con lo que la presidenta de la Sala Electoral le indicara. El exmagistrado alegó que la presidenta de la Sala Electoral le dijo que “el país estaba en riesgo de guerra civil” y que tenía que firmar la sentencia o “sería responsable de las consecuencias”.
135. El efecto de esta decisión fue de gran alcance. Como se describe en el informe de la Misión de 2020, a pesar de la sentencia de la Sala Electoral, la Asamblea Nacional procedió a juramentar a los parlamentarios de Amazonas. Esto dio lugar a una decisión de septiembre de 2016 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo en la que se declaraba que, debido a la falta de cumplimiento de la sentencia del tribunal, la Asamblea Nacional estaba en permanente estado de desacato y todos sus actos eran “evidentemente inconstitucionales, absolutamente nulos y carentes de toda validez y efecto jurídico”. Sobre esta base, el Tribunal Supremo anuló todos los proyectos de ley posteriores de la Asamblea Nacional dirigida por la oposición.
136. Además de las instrucciones recibidas a través de actores políticos, el exmagistrado fue objeto de presiones, tanto directas como indirectas, por parte de la jerarquía del Tribunal Supremo de Justicia. El exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia le dijo a la Misión que las y los magistrados eran convocados a reuniones de la Sala Plena en las cuales se les presentaban sentencias ya preparadas para su firma; dijo que “no había tiempo para leer la sentencia, ni para reflexionar”. Las y los magistrados debían firmar o reservar su voto. El exmagistrado dijo que estas sesiones se producían a menudo cuando la Sala Plena estudiaba solicitudes de levantamiento de la inmunidad de ciertos actores políticos de alto nivel, para evitar las filtraciones a la prensa. Una exabogada del Tribunal Supremo hizo eco de esto, al decir que las sentencias estaban redactadas de antemano y que se imprimían para que las y los magistrados las firmaran; dijo que “todos fuimos testigos de ello, todos los que trabajamos allí”.
137. Una antigua secretaria del Tribunal Supremo informó a la Misión que, tras redactar una sentencia con la que la presidenta de la cámara no estaba de acuerdo, el asistente de la presidenta le ordenó que preparara una carta solicitando su propia jubilación. Al principio, ella se negó porque temía perder sus beneficios jubilatorios y su seguro médico. Sin embargo, tras importantes presiones, acabó accediendo, poniendo fin a una carrera de décadas.
2. Injerencia en los Circuitos Judiciales Penales
138. La Misión recibió información consistente por parte de exjueces y personas con conocimiento interno de las instituciones judiciales, de que en los casos políticos, internamente denominados “casos emblemáticos”, recibían instrucciones o presiones sobre cómo decidir. Los ex jueces explicaron que, en general, las instrucciones provenían de la jerarquía judicial, a través de las y los presidentes del Circuito Judicial Penal. Según una exjueza, en ocasiones, actores políticos de alto nivel realizaban llamadas directas a las y los jueces o enviaban instrucciones implícitas a través de declaraciones televisadas, incluso en el programa “Con el Mazo Dando” de Diosdado Cabello. Un juez señaló que en 2014 recibió ciertas instrucciones relacionadas sobre todo con protestas políticas, pero para 2017 las instrucciones eran habituales. Dijo que tales instrucciones le generaban un “estrés y una preocupación que no se puede ni imaginar”.
139. Las y los jueces entrevistados dijeron que aproximadamente cada 15 días, el presidente del Circuito Judicial Penal los convocaba y les indicaba cómo resolver los casos emblemáticos. El presidente les decía a las y los jueces que las instrucciones venían de la Sala de Casación Penal y/o del Presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno. Las instrucciones eran del tipo “si en un caso de protesta, el Ministerio Público solicita la prisión preventiva, hay que concederla”. Las y los jueces asignados debían entregar actas periódicas sobre el estado procesal de los casos emblemáticos al presidente del Circuito Judicial Penal y luego al Tribunal Supremo de Justicia. Un exjuez dijo que se le ordenó emitir “un recurso de revocatoria”, una medida legal que no existe, para revertir una decisión que había tomado.
140. Fiscales y abogados defensores confirmaron lo anterior, diciéndole a la Misión que habían sido testigos de cómo las y los jueces recibían instrucciones respecto de cómo decidir un caso. Un abogado defensor dijo que en casos políticos también ha observado que, “antes de tomar una decisión, los jueces abandonan la sala para poder recibir instrucciones de sus superiores”.
Algunos ejemplos son los siguientes:
– En el caso de tres usuarios de Twitter detenidos en 2014, la jueza le dijo a las personas acusadas que tenía que seguir las órdenes de una fiscal, a quien llamó “la manda más”.
– En un caso de detención de un manifestante en 2017, el fiscal solicitó medidas cautelares sustitutivas, pero el juez negó la petición y ordenó que la persona estuviera en prisión preventiva “porque era la instrucción del Circuito Judicial”.
– En un caso investigado por la Misión, el juez militar transmitió un mensaje a través de un agente judicial a un familiar de una de las personas acusadas, a la que el juez conocía personalmente, en el que le decía que se sentía mal por la decisión que tenía que tomar y que sabía que la persona acusada era inocente, pero que el caso estaba “fuera de sus manos”.
– Durante el juicio de Steyci Escalona en 2017, la jueza militar de primera instancia suspendió múltiples audiencias después de realizar llamadas telefónicas a alguien a quien se refirió como “mi jefe”, refiriéndose en dos ocasiones al entonces vicepresidente Tareck Al Assaimi. La jueza también hizo referencia a una llamada telefónica desde Caracas como la razón por la que la Sra. Escalona podría ser liberada de su detención.
– En un caso de 2021 que tenía como objetivo a personas supuestamente involucradas en actividades antigubernamentales, el Tribunal Supremo de Justicia solicitó revisar el expediente del caso y lo retiró tanto del tribunal como del Ministerio Público durante aproximadamente dos semanas. Posteriormente, la jueza le comunicó a la defensa que se le había ordenado no aligerar las medidas cautelares contra las personas acusadas ni desestimar los cargos.
141. Una de las principales formas de asegurar la conformidad judicial en determinados casos es mediante la manipulación del proceso de asignación de casos. Antiguos jueces afirmaron que ciertos jueces respondían al Gobierno y eran ellos quienes manejaban los casos políticos. Anteriormente, los casos se repartían entre los Tribunales de Control de turno mediante un programa informático, el Juris 2000, para garantizar una distribución equitativa y aleatoria. Sin embargo, se le informó reiteradas veces a la Misión que en la práctica, en particular en los casos emblemáticos, los respectivos presidentes de los Circuitos Judiciales Penales de cada jurisdicción asignaban los casos de forma manual, en función de si creían que la o el juez resolvería un caso de acuerdo con las instrucciones.
142. Los casos investigados por la Misión reflejan esta distribución selectiva. El 23% delas detenciones documentadas por la Misión condujeron a casos vistos en uno de los cuatro Tribunales de Control con competencia en materia de terrorismo. Los fiscales pueden asegurarse de que un caso sea asignado al circuito de terrorismo simplemente añadiendo a la acusación cargos relacionados con el terrorismo. Dos de los jueces de este circuito han sido asignados a varios casos investigados por la Misión, incluyendo el Juez Cuarto de Control y la Jueza anteriormente a cargo del Tribunal Primero de Control (antes también Jueza del Tribunal Vigésimo de Control Penal y actualmente Jueza de la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de Caracas).
143. Como ha señalado anteriormente la Misión, el Estado también ha recurrido a la jurisdicción militar para juzgar civiles en casos políticos. Los casos investigados por la Misión muestran que esta práctica fue más común a partir de 2017, durante el conflicto entre el Ejecutivo y la ex Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. Según le dijo ella a la Misión, el motivo del uso de tribunales militares para juzgar civiles en ese momento fue “quitarle el control de los casos al Ministerio Público”. De las 85 detenciones examinadas por la Misión que dieron lugar a audiencias ante tribunales militares, el 82% fueron llevadas ante dos jueces específicos, el Juez Primero de Control Militar y el Juez Tercero de Control Militar de Caracas.
3. Injerencia en la independencia fiscal
144. Las y los fiscales de todos los niveles informaron haber recibido en ocasiones instrucciones sobre cómo manejar los casos, aunque no necesariamente en todos los supuestos. Dichas intervenciones, que provenían tanto desde fuera como de dentro de la jerarquía fiscal, eran especialmente comunes en casos contra actores vinculados a intereses políticos, de seguridad, económicos y/o criminales, así como en casos relacionados con detenciones en el contexto de protestas políticas. La Misión observa que, a menudo, la fuente de la instrucción original no estaba clara y podía implicar a diversos actores políticos, de seguridad, judiciales y fiscales que trabajaban juntos para interferir en una investigación penal y limitar la independencia fiscal.
145. Antiguos fiscales informaron que los casos políticos se distribuían a determinados fiscales. Como dijo un exfiscal, “tienen un grupo específico de fiscales para esos”. Un exfiscal dijo que hasta 2017, dentro del Ministerio Público existían dos procedimientos para la asignación de casos: uno en el que los casos se distribuían al azar y otro en el que intervenía “la mano humana”. En el primero, las denuncias se repartían a cada fiscal según la materia y luego de forma aleatoria entre los fiscales para garantizar una distribución equitativa de los casos. Sin embargo, las y los directores y fiscales superiores tenían el poder de manipular el proceso. En ciertos casos, especialmente en casos complejos o de alto perfil, había siempre “un margen de discrecionalidad”. Además, las y los directores de línea tenían la facultad de formar comisiones de fiscales para ciertos casos complejos, que generalmente implicaban la participación de uno o más fiscales nacionales.
4. Presiones contra fiscales individuales
146. La ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz le dijo a la Misión que, especialmente a partir de 2015, vivió enfrentamientos con el Poder Ejecutivo “todos los días, sobre todo”. Compartió varios ejemplos del tipo de presiones a las que fue sometida, las cuales ocurrieron con mayor frecuencia en casos que involucraban a miembros de alto perfil de la oposición política. Por ejemplo, en enero de 2016, la esposa del líder opositor Leopoldo López, Lilian Tintori, solicitó medidas cautelares después de que un coronel de la Guardia Nacional supuestamente la obligara a desnudarse mientras visitaba a su marido detenido. El Ministerio Público dictó las medidas. Cuando el presidente Maduro se enteró, llamó a la Sra. Ortega Díaz y le dijo que era una traidora y que “me diste puñalada”. Luego Diosdado Cabello la llamó y le dijo “¡Qué traición!” y solicitó que también se le otorguen medidas al coronel.
147. Luisa Ortega Díaz también denunció que, tras los esfuerzos de la oposición por recoger firmas en 2016 para destituir al presidente Maduro, el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, visitó su despacho y le dijo: “Quiero que inicies una investigación contra la oposición que solicite el revocatorio”. Cuando ella le preguntó qué delito se había cometido, él le respondió: “No hay delito, es algo que tenemos que hacer. Maduro lo ordenó”. La ex Fiscal General aseguró que, al negarse a cumplir la instrucción, la ex Ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, Iris Valera, trasladó a unos 300 presos a las afueras de su despacho en lo que cree que fue un intento de intimidarla por “desobedecer órdenes”. Posteriormente, un Tribunal de Control inició la investigación contra la oposición, sin que el Ministerio Público hubiera actuado.
148. La Misión recibió numerosos relatos de fiscales que mencionaban instrucciones recibidas en casos concretos que no estaban en consonancia con los hechos de los casos. Las y los fiscales recibían instrucciones con respecto a quién procesar desde la jerarquía del Ministerio Público, generalmente de los Fiscales Superiores o de los directores de línea. Un exfiscal entrevistado dijo que las instrucciones generalmente se daban en persona, a menudo de forma individual, para no dejar pruebas o testigos. Varios fiscales indicaron que las instrucciones empeoraron significativamente a partir de 2017 tras el cambio del Fiscal General.
Algunos relatos documentados por la Misión son los siguientes:
– Durante las investigaciones del asesinato de Génesis Carmona en 2014 en una protesta política, la exfiscal que investigaba el caso le dijo a la Misión que las grabaciones de las cámaras de seguridad revelaron claramente que los responsables eran dos jóvenes afiliados al partido político PSUV. Sin embargo, poco después de presentar la solicitud de la orden de aprehensión, recibió una llamada de un superior diciéndole que el Tribunal Supremo de Justicia se había puesto en contacto con él y preguntándole: “¿Por qué solicitaste esa orden?” Su superior la apartó del caso. Ese mismo día, el equipo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (en adelante CICPC) que prestaba apoyo técnico a la investigación también fue retirado del expediente.
– Otro exfiscal le dijo a la Misión que sus investigaciones sobre la muerte de Gisela Rabinal, una mujer chilena, en marzo de 2014 durante una protesta, habían revelado que un miembro de los colectivos era el probable autor. Sin embargo, un fiscal nacional fue enviado desde Caracas para revisar el expediente del caso. El fiscal nacional solicitó volver a entrevistar a los testigos presenciales. Le dijo a una de las testigos que no había estado en una posición ventajosa para ver el tiroteo y que por lo tanto su recuerdo debía ser “algo psicológico”. En cambio, el fiscal nacional identificó y acusó al manifestante Steven Ricardo García Sanz, con base en la declaración de un testigo que había oído que “Steven” era el responsable. El Sr. García Sanz permanece detenido al momento de redactar este informe.
– Una exfiscal entrevistada dijo que el gobernador del estado de Mérida solía organizar reuniones con las y los fiscales, en las que les criticaba “no seguir las instrucciones”, concretamente, porque se negaban a cerrar los expedientes en casos en los que se investigaba a miembros de colectivos por presuntos delitos en el contexto de las protestas. Cuando se nombró a un nuevo Fiscal Superior en agosto de 2017, éste llegaba a las reuniones internas acompañado de contactos de confianza del gobernador, incluyendo a miembros de colectivos que tenían órdenes de aprehensión pendientes en su contra.
– Un antiguo fiscal le dijo a la Misión que había avanzado con las investigaciones de incidentes de violación, violencia sexual y otros malos tratos que involucraban a más de una docena de mujeres militares abusadas por los superiores masculinos de sus destacamento. La investigación reveló que las órdenes para los actos delictivos habían provenido de un capitán, que resultó ser el sobrino de un conocido general militar. Sin embargo, al consultar a su director de línea antes de solicitar la orden de aprehensión, el director le dijo: “Vamos a hacer un pacto. Vas a procesar a los dos sargentos, pero no al capitán”. El fiscal siguió adelante, a regañadientes, con el procesamiento de los oficiales de menor rango. Sin embargo, las víctimas expresaron su preocupación durante el proceso, preguntándole al fiscal: “¿Dónde está el capitán?”.
149. En ocasiones, los Fiscales Superiores coordinaban con las y los jueces para anular las decisiones fiscales. Un fiscal informó que en una audiencia de presentación, luego de informar al juez que no solicitaría la prisión preventiva, el juez llamó por teléfono al Fiscal Superior para pedir una segunda opinión y posteriormente le dijo al fiscal que si no solicitaba la privación de libertad, el juez la ordenaría por su cuenta. Otra exfiscal del estado de Lara relató que en 2014, cuando investigaba un caso de homicidio cometido por un miembro de la Guardia Nacional, recibió una llamada del Fiscal Superior quien la citó en su despacho con el expediente del caso y le dijo que lo cerrara. Cuando ella protestó, dada la solidez de las pruebas, él le dijo: “Entonces tendremos que buscar una solución en el tribunal”. Poco después, el tribunal ordenó el cierre del caso.
5. Interferencia con la institución del Ministerio Público
150. Según varios fiscales entrevistados, cuando la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz comenzó a denunciar públicamente al Gobierno, especialmente en 2016 y 2017, el Ministerio Público empezó a enfrentar ataques como institución. La Misión recibió información de exfiscales de que, durante este tiempo, otras instituciones del Gobierno dejaron de cooperar con las investigaciones del Ministerio Público, incluso con las solicitudes de apoyo policial, apoyo criminalístico, acceso a registros telefónicos y acceso a registros bancarios. Además, los agentes de seguridad se negaban a permitir que los fiscales entraran en los centros de detención para observar sus condiciones, incluso durante las protestas políticas de 2017. Algunos jueces no emitían las órdenes de aprehensión o de allanamiento solicitadas, anulaban las decisiones de los fiscales y estos se veían obligados a hacer largas colas para entrar en los tribunales.
151. El 3 de julio de 2017, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anuló la designación por parte de la Asamblea Nacional de Rafael González Díaz como Vicefiscal General y nombró en su lugar a la fiscal Katherine Nayarith Harrington Padrón. Ante el temor de que las nuevas autoridades destruyeran expedientes importantes y se perdieran pruebas, la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz cerró el Ministerio Público y durante las siguientes dos semanas, los fiscales trabajaron sin descanso escaneando y fotocopiando expedientes de casos clave para preservarlos.
152. El 5 de agosto de 2017, la Asamblea Nacional Constituyente ordenó el despliegue de la Guardia Nacional en la sede del Ministerio Público. Luisa Ortega Díaz intentó reingresar a la sede, logrando atravesar un cordón militar, sólo para ser detenida por las fuerzas desplegadas. Tras hablar con la prensa y denunciar los hechos, se fue en una moto. Ese mismo día, la Asamblea Nacional Constituyente destituyó a Luisa Ortega Díaz y nombró a Tarek William Saab como Fiscal General. Según un exfiscal, en los días siguientes se permitió la entrada al Ministerio Público de grupos de entre 10 y 15 hombres armados que llevaban puestos pasamontañas. Según exfiscales, estos grupos tomaron fotos, establecieron cordones, entraron en las oficinas y sacaron documentos.
153. La Misión fue informada de que al asumir sus funciones como Fiscal General en agosto de 2017, Tarek William Saab desmanteló rápidamente varias unidades especializadas dentro del Ministerio Público. Esto incluyó la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público. Esta unidad especializada había sido creada en 2008 para investigar casos de violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios del Estado, actuando con independencia de la policía, dado que estas mismas fuerzas eran a menudo las responsables en los casos investigados. Entre otros, la unidad contaba con personal especializado en medicina forense, balística y análisis de salpicaduras de sangre.
154. También se eliminaron otras unidades, como la Unidad de Criminalística de Campo, la Unidad Técnico-Científica de Delitos Medioambientales y la Unidad Financiera y Contable, que realizaba informes periciales en investigaciones relacionadas con la corrupción y los delitos financieros. Según exfiscales entrevistados, la eliminación de estas unidades ha disminuido la independencia del Ministerio Público para investigar los delitos cometidos por instituciones del Estado, dentro de las cuales se incluyen las fuerzas de seguridad.
E. Otras formas de presión sobre jueces y fiscales
155. Jueces y fiscales también se enfrentaron a otras presiones, como el hostigamiento y las represalias, que interfirieron en el ejercicio legítimo de sus actividades profesionales. A diferencia de las sanciones impuestas como resultado de un procedimiento formal, que pueden consistir en una amonestación por escrito, la suspensión o la destitución, estas sanciones implícitas no estaban previstas por la ley ni se ajustaban a un procedimiento regulado. Las y los antiguos jueces y fiscales entrevistados observaron que estas medidas tienen a la vez una finalidad y un efecto punitivo y disuasorio.
1. Medidas que afectan las condiciones de servicio
156. La Misión recibió información sobre diversas formas de presión y hostigamiento que se relacionan con las condiciones de servicio, que afectaban su seguridad financiera o personal y/o su capacidad para realizar su trabajo. Varios jueces y fiscales dijeron que habían experimentado acciones disciplinarias que consideraban injustas. Dentro del poder judicial, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura es la encargada de llevar a cabo las funciones administrativas. Como se indicó anteriormente, este órgano está integrado por miembros designados por el Tribunal Supremo de Justicia. La Dirección Ejecutiva de la Magistratura depende de la Sala Plena del Tribunal Supremo.
157. Numerosas personas entrevistadas afirmaron que la baja remuneración de las y los profesionales del derecho en Venezuela constituye una forma de presión en su contra. Según las fuentes consultadas, el salario actual de las y los jueces ronda los 40 dólares mensuales, sin prestaciones ni derechos. Como dijo un exjuez, los bajos sueldos crean una especie de “estrangulamiento” sobre los jueces y fiscales, de modo que las personas honestas se van y las que deciden quedarse tienen que sobrevivir por medios deshonestos. Múltiples fuentes informaron que es común que los jueces cobren por las transacciones y que, como se ha señalado, las denuncias de corrupción en el sistema judicial son habituales.
158. En general, los actores judiciales carecían de suficientes recursos humanos, financieros, materiales y técnicos para trabajar de manera eficaz. Las fuentes entrevistadas afirmaron que jueces y fiscales que incumplían con las instrucciones también se enfrentaban a represalias administrativas adicionales, como la denegación de la disponibilidad de salas para celebrar audiencias, de apoyo administrativo, de suministros básicos o incluso de aire acondicionado. Un fiscal que investigaba casos políticamente delicados dijo que el personal administrativo no le pagaba los gastos de viaje ni le proporcionaba apoyo de secretaría, diciéndole que había órdenes de arriba de no hacerlo. Otras presiones o métodos de represalia de este estilo estaban relacionados con la distribución de la carga de trabajo. Algunos exfiscales o secretarios informaron que estaban sobrecargados deliberadamente con más casos de los que podían manejar, y otros dijeron que les asignaban deliberadamente casos insignificantes relacionados con delitos menores.
159. Tanto los exjueces como los fiscales informaron que, para presionarles a renunciar o a modo de sanción, los jueces y fiscales titulares independientes fueron trasladados a otras jurisdicciones, incluso al interior de Venezuela. Las y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que provenientes de fuera de Caracas fueron alojados en un complejo de apartamentos en el Fuerte Tiuna militar. Como explicó un exmagistrado, si se tomaba una decisión contra el Gobierno, había que volver al Fuerte Tiuna para dormir “en la boca dellobo”. Las y los magistrados compran estos apartamentos y supuestamente los poseen. Sin embargo, luego de que un magistrado dejara el país y se pronunciara en contra del Gobierno, sus vecinos le informaron que habían cambiado las cerraduras y que el apartamento había sido entregado a otra persona.
2. Acoso e intimidación
160. Las y los jueces y fiscales entrevistados también informaron que tanto ellos como sus familiares han sido objeto de amenazas e intimidaciones, entre ellas escuchas telefónicas, vigilancia y seguimiento. Las personas entrevistadas que aún se encuentran en el país expresaron repetidamente su temor ante posibles represalias por su cooperación con la Misión; muchas otras personas le dijeron a la Misión que, debido a este temor, no podían ser entrevistadas para el presente informe.
161. Casi la mitad de las y los exjueces y fiscales entrevistados, así como muchos de sus familiares, han tenido que abandonar Venezuela por temor a su seguridad. Varios han salido de Venezuela por tierra, por temor a levantar alertas en los aeropuertos y ser detenidos. En 2017, al menos 50 fiscales se enteraron de que les habían colocado alertas que les prohibían salir del país, después de haber sido informados extraoficialmente y de haber pasado sus números de pasaporte en la página web del Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (SAIME). Esta medida incluía a fiscales que habían trabajado en expedientes de corrupción o que habían sido filmados en manifestaciones en contra de la formación de la Asamblea Nacional Constituyente o a favor de la Fiscal General Luisa Ortega Díaz. Las alertas habrían requerido una orden judicial en el contexto de una investigación penal aunque las y los fiscales no tenían conocimiento de ninguna investigación en curso en su contra.
162. Más de una persona entrevistada denunció haber sido amenazada por miembros de los colectivos u otros grupos armados no estatales. Una exfiscal de Mérida le dijo a la Misión que, después de que ella y otros fiscales participaran en protestas durante la crisis política de 2017, un agente de policía que conocía le dijo: “ten cuidado, te tienen fichada”. En relación con los colectivos, le advirtió: “Cuidado cuando vayas a tu casa porque están armados y te pueden hacer daño”. Muchos fiscales comenzaron a alterar sus rutinas diarias para protegerse. Finalmente, dejaron de participar en las manifestaciones por miedo.
163. Las personas entrevistadas también denunciaron hostigamiento debido a su afiliación política real o aparente. Dos ex inspectores de la Inspectoría General de Tribunales dijeron que ellos y otros inspectores fueron obligados por sus superiores a vestirse de rojo, llevar propaganda progubernamental y participar en marchas a favor del Gobierno. Una inspectora entrevistada dijo que renunció a su cargo después de que un oficial militar se presentara en su oficina y fuera escritorio por escritorio pidiendo que el personal firmara una petición contra el llamado “Decreto Obama”, una orden ejecutiva de Estados Unidos que dictaba sanciones contra ciertas personas en Venezuela por violaciones de los derechos humanos.
164. Otros fiscales le relataron a la Misión que tras el cambio del Fiscal General el 5 de agosto de 2017, en la primera reunión con el nuevo Fiscal Superior, éste les dijo a los fiscales que tenía “un corazón chavista” y que quienes estuvieran allí presentes y no sintieran lo mismo no podrían seguir en el cargo. Dijo que iba a sancionar a fiscales que habían participado en las protestas contra la formación de la Asamblea Nacional Constituyente. Una fiscal entrevistada informó que, tras ser despedida del Ministerio Público, empezó a recibir llamadas telefónicas de acoso de personas anónimas que le decían que habían visto fotos suyas en las protestas contra la Asamblea Nacional Constituyente.708 Las llamadas continuaron hasta que ella cambió su número de teléfono.
165. Una exsecretaria del Tribunal Supremo le contó a la Misión que, tras negarse a seguir instrucciones en varios casos, comenzó a sufrir un acoso laboral gradual y creciente. Mientras que anteriormente los expedientes de los casos se distribuían uniformemente entre los secretarios, empezó a recibir un número desproporcionado de casos simultáneamente, en lo que ella pensó que era un intento de desgastarla para que cometiera un error que justificara su despido. Durante este periodo, se sintió extremadamente nerviosa y estresada. Durante este tiempo, quedó embarazada y, al sentirse presionada por el trabajo, no quiso tomarse licencia ni descanso médico. Un día, salió del edificio del tribunal sangrando, habiendo sufrido un aborto espontáneo. Tuvo que dejar el trabajo durante un tiempo y recibir tratamiento para la ansiedad y la depresión. Cuando volvió a la oficina, sus superiores no le dieron trabajo durante un año, haciéndola entrar y salir del trabajo y sentarse en una oficina vacía todo el día, hasta que renunció.
3. Amenazas con acciones legales
166. Ex jueces y fiscales le dijeron a la Misión que realizaban su trabajo bajo el temor de sufrir una persecución penal en virtud de demandas maliciosas y espurias. Refiriéndose ala jueza María Lourdes Afiuni, un exjuez dijo: “Ella fue un ejemplo para todos nosotros”. Varios jueces y fiscales entrevistados dijeron que hubo un claro antes y después del caso de la jueza Afiuni, y que las y los jueces se volvieron más obedientes por temor a represalias legales.
167. La Misión escuchó de múltiples fuentes de personas que han sido amenazadas con acusaciones de por haber participado en planes de corrupción. Un exmagistrado del Tribunal Supremo entrevistado dijo que el Gobierno tiene casos preparados y a la espera de que se hagan públicos contra ciertos jueces como forma de chantaje para mantenerlos a raya. En palabras de un antiguo inspector judicial “La mayoría de los jueces piden dinero por sus decisiones. Mientras cumplas, estás protegido; pero si empiezas a distanciarte [del Gobierno], sacarán [la información incriminatoria]. Siempre tienen algo que pueden utilizaren tu contra”.
168. Las y los fiscales informaron que temían que ellos mismos pudieran ser acusados de “prevaricación” o delitos similares si las y los jueces no estaban de acuerdo con la decisión de la o el fiscal en un determinado caso. Una fiscal entrevistada observó que algunos jueces ponían una referencia en las actas de las audiencias en la que se decía que podían notificar a los Fiscales Superiores sobre el trabajo del fiscal; dijo que “lo dejan así abierto, como una amenaza”. Otro exfiscal dijo que el gobernador del estado en el que trabajaba lo amenazó con arrestarlo “por recibir dinero de la oposición” luego de que solicitara la liberación de manifestantes detenidos arbitrariamente en 2017. Otro dijo que, tras el cambio del Fiscal General en 2017, los fiscales denunciaron haber sido amenazados por sus superiores en reuniones con que “nos iban a poner las esposas”.
169. Un exfiscal le dijo a la Misión que renunció después de que la Contraloría General dela República ordenara una revisión de las fiscalías a nivel estatal. Cuando se negó a hablar con la contralora del estado porque no manejaba fondos públicos, ésta le dijo “te voy a mandar los guardias”. Inmediatamente después de su renuncia, se le abrió un proceso administrativo en su contra por obstrucción por no permitir el ingreso de la Contraloría, que alegaba que “su estilo de vida no se correspondía con su salario”.
ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad en Venezuela (INFORME) by La Patilla on Scribd
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