Cuerpos bomberiles y Protección Civil de El Callao rescataron en la mañana del lunes el cadáver tapiado del minero y también indígena wayú, Carlos Marcano de 28 años.
Por Laura Clisánchez / correodelcaroni.com
De acuerdo con Protección Civil, Marcano quedó sepultado en un barranco del sector Barrio Obrero de El Callao, debajo del puente del río Yuruari. El equipo de rescate excavó cinco metros sobre el nivel freático del suelo para sacarlo, lo que quiere decir que llegaron al nivel del agua.
En el operativo participaron al menos 12 funcionarios de Protección Civil El Callao a cargo del director municipal de Protección Civil y Administración de Desastres, Jesús García, Bomberos Municipales y Bomberos de Minerven a cargo del capitán Simón Córdova.
Con Marcano, ya son 41 personas las que han muerto sepultadas por aludes de tierra durante la extracción de oro en los municipios mineros del sur del estado Bolívar en 2020 según el monitoreo de Correo del Caroní.
El indígena era procedente de Upata, municipio Piar. De acuerdo con Protección Civil, se mudó a El Callao para echar mano de la minería. Él, su esposa y sus tres hijos entre los cinco y 10 años, vivían debajo del puente del río Yuruari, pero se desconoce cuánto tiempo llevaban en territorios mineros.
El director municipal de Protección Civil y Administración de Desastres, Jesús García, informó que, desde el miércoles 16 de diciembre, vecinos de Barrio Obrero comenzaron a reportar el mal olor del cuerpo en descomposición. Tiempo después, la esposa de Marcano reportó su desaparición y comenzaron las labores de rescate.
García informó que, a raíz de este suceso, el alcalde de El Callao, Alberto Hurtado, ordenó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y otros cuerpos de seguridad militar y civil no permitir la actividad minera en ese sector.
La minería ilegal en estos territorios no está sujeta al control estatal, aunque así lo parezca. La minería se ejerce en cualquier terreno donde los mineros vean potencial, aunque sean inseguros y en ese contexto ocurren los accidentes.
41 personas tapiadas
Cada vez es mayor la cifra de mineros empíricos que mueren durante las labores de excavación aurífera por trabajar en condiciones inseguras y en terrenos que ceden con facilidad.
De acuerdo con el monitoreo de Correo del Caroní, 41 personas han muerto sepultadas por aludes de tierra en los municipios mineros en lo que va de 2020. De esa cantidad, nueve víctimas no pudieron ser identificadas ni por familiares ni por autoridades del Estado.
Los derrumbes se reportaron en El Callao, Sifontes, Roscio, Gran Sabana y Piar. 99 % de las personas fallecida se dedicaban a la extracción de oro, y en un menor porcentaje, algunas víctimas se dedicaban a estudiar el territorio, como la geóloga Rosmelys Páez y su ayudante Germán Guevara. Ambos murieron sepultados por un alud de tierra en el sector minero Florinda, de la población de Guasipati en el municipio Roscio.
Una de las recomendaciones que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos al Estado venezolano es precisamente asegurar la regulación de las actividades mineras en condiciones de respeto del derecho a condiciones de trabajo justas y favorables. Pero hasta ahora no se ha logrado, ni se tiene voluntad política para gestionar la minería ilegal.
Conforme aumenta la migración de las personas hacia las minas de Bolívar para huir de la Emergencia Humanitaria Compleja aún en un escenario pandémico, también aumenta el número de víctimas fatales en los derrumbes: en ninguno de los 13 derrumbes que ocurrieron en los municipios mineros este año hubo sobrevivientes.
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