El debate sobre la pertinencia de las sanciones internacionales en contra del Estado venezolano, se ha ido progresivamente contaminado con un cúmulo de inconsecuencias que difícilmente pueden ser interpretadas como ingenuidad o desinformación. Por una parte, voceros del régimen militar intentan mostrar a las sanciones como un “Bloqueo” que impide alimentar o proporcionar medicinas a la población, siendo que estás y muchísimas otras carencias y dimensiones de la crisis económica iniciaron por las prácticas corrupto populistas de Hugo Chávez.
Por otro lado, cierto segmento de la dirigencia política muestra a las sanciones como una afrenta al conjunto de la nación y sugieren, palabras más palabras menos, la “nacionalización del diálogo” y a aceptar cualquier escenario electoral con o sin condiciones de transparencia (planteado así sería más lo segundo que lo primero).
Vale decir que en el caso del gobierno de facto es entendible, hasta previsible la elaboración de argumentos engañosos, truculentos y manipuladores para escamotear la naturaleza de las sanciones. Pero en el caso de dirigentes políticos de oposición, con dilatada experiencia en estás lides, sí que generan sorpresa. Sostienen puntos de vista que dejan de lado un principio fundamental en el mundo luego de la II Guerra Mundial: la soberanía nacional está condicionada al cumplimiento de las obligaciones de los Estados en materia de DDHH.
Los Estados soberanos son aquellos que suscriben y en efecto garantizan la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada en 1948 por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas, por tanto, aquellos Estados cuya autoridad ha sido usurpada, cuyos gobernantes ejercen el poder sin concurrencia de leyes, constitución o norma alguna, pierden los atributos de la soberanía nacional y se exponen al desconocimiento de sus pares, es decir, el resto de los Estados.
Si hoy el Estado Venezolano es desconocido por buena parte de la comunidad internacional (60 países entre Europa, Asía y América y la suma sigue) y hasta la neutral Suiza sanciona a altos jerarcas del gobierno, no es por una malévola actitud del mundo contra nuestra noble nación, es porque la conducta de nuestras instituciones se ajustan a las prácticas de un régimen totalitario. Las Sanciones no son causa sino consecuencia de una crisis diseñada desde el poder, una crisis humanitaria compleja, la responsabilidad del régimen es clara e indudable.
Algunos voceros sugieren que el mejor escenario es que se levanten las sanciones para que el régimen ablande su corazón y, decida comprar alimentos y medicinas para la población. No lo hizo antes, no lo hace ahora (porque se puede, las sanciones tienen nombre y apellido) y no lo harán mañana. La usurpación, en un escenario hipotético de levantamiento de sanciones, regresaría a sus chivos expiatorios tradicionales para justificar lo injustificable: “es culpa del capitalismo”, “es la burguesía”, “es el niño, la iguana, los rayos gama”…. Las sanciones solo serán levantadas cuando cese la usurpación y finalice la violación sistemática de DDHH. En otras palabras, con la elección de un nuevo gobierno respaldado por el voto libre.
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